Antes de la celebración del juicio se planteó una posibilidad de conformidad: aceptar una pena de 2 años de prisión, lo que permitía cerrar el procedimiento y evitar el ingreso efectivo en prisión.

A primera vista, podía parecer la opción más segura. Rechazarla suponía asumir un riesgo importante: continuar adelante, acudir a juicio junto al resto de acusados y enfrentarse a una petición de pena considerablemente superior.

Sin embargo, una decisión de este tipo no puede tomarse atendiendo únicamente a la diferencia entre las penas.

El análisis del procedimiento mostraba que la prueba existente respecto de la acusada era escasa y poco individualizada. Después de años de investigación, mantener una acusación tan grave exigía valorar si realmente existían elementos probatorios suficientes que justificasen aceptar una condena.

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La estrategia

Ante ese escenario, la recomendación fue no conformarse y mantener la posición de defensa.

Esto suponía renunciar a la seguridad de cerrar el asunto con una pena que evitaba el ingreso en prisión y asumir la posibilidad de tener que defender la inocencia en juicio frente a una petición de 5 años.

La decisión no consistía simplemente en «arriesgarse». Se trataba de confrontar la pena solicitada con la prueba realmente existente y valorar hasta qué punto la acusación podía sostenerse.

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El resultado

Finalmente, antes de que fuera necesario afrontar el juicio en esas condiciones, la acusación fue retirada.

El procedimiento terminó con sentencia absolutoria firme.

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No todo acuerdo es una buena salida

Las conformidades son una herramienta fundamental en el procedimiento penal y, en muchos casos, pueden constituir la mejor solución para el cliente.

Pero no deben aceptarse únicamente por el temor a una pena superior.

Cada defensa exige estudiar la prueba, individualizar la situación del acusado y valorar de forma realista tanto los riesgos como las posibilidades del procedimiento.

A veces, defender bien también exige saber cuándo negociar y cuándo no ceder.